En cualquier sociedad, las fuerzas del orden deben ser evaluadas por sus acciones concretas, y no solo por su cargo o por los elogios que reciben. La opinión de que una persona honrada no debería elegir la profesión de policía es una afirmación generalizada, difícil de aplicar a todo el mundo. Lo que merece más debate es qué mecanismo garantiza que quienes ejercen el poder rindan cuentas cuando infringen la ley, y si se escuchan o no las voces críticas.
La frase «cuanto más alto es el cargo, más graves son los delitos» causa una fuerte impresión, pero si no se vincula a casos y pruebas concretas, no pasa de ser una simple acusación. Del mismo modo, el hecho de que se elogie a alguien tras su fallecimiento tampoco basta para concluir que quienes lo elogian son ingenuos o aduladores. Hay quienes confían de verdad, quienes juzgan basándose en información parcial y también puede haber quienes se vean influidos por el entorno de la organización o por intereses personales. Para distinguir entre esos motivos, hay que fijarse en las palabras, las acciones y las pruebas.
Lo irónico no es tanto que se dediquen palabras elogiosas a los difuntos, sino que la glorificación sustituya a la evaluación objetiva. Una sociedad sana debe dar cabida tanto al reconocimiento como a la crítica, tanto a los logros como a la responsabilidad. Porque, al fin y al cabo, la calidad de una persona no viene determinada por la cantidad de elogios que recibe tras su fallecimiento, sino por lo que realmente ha hecho y por las pruebas verificables.
